Cómo gobernar a base de rodillo, usar y abusar de la mayoría, de eso es de lo que nos están dando clases desde el PP. En este caso un cursillo de verano acelerado sobre el «decreto omnibus» que con sus 47 artículos modifican de golpe 26 leyes ahora en vigor de muy distinta índole que afectan a nueve ministerios… Vive la Démocratie!!!
Las medidas van desde la privatización de AENA y tarifas aeroportuarias (queda aún algo para privatizar?), la cesión del Registro Civil a los registradores mercantiles (de cuánto será su minuta? porque estos señores tienen a bien no poner en ningún sitio su firma sin cobrar un estipendio sustancioso,… o sino con poner «precios públicos» sufragados por el estado, seguro que sale más barato que tener que pagar a oficiales de la administración de justicia,…, insisto queda aún algo sin privatizar)…
No contentos con este decreto de nada, el viernes siguieron esquilmando derechos fundamentales, que ya que cogemos las tijeras… pues les damos un uso, et voilà, tenemos la tan esperada #LeyMordaza que no es tan mala al final.
… Después de siete meses desde que el Consejo de Ministros diera el visto bueno al anteproyecto y tras incluir las aportaciones de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o la Agencia de Protección de Datos, el Gobierno remite para su tramitación parlamentario el nuevo proyecto. Con estas observaciones, además de algunas aportaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias y varias entidades sociales como Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam, el nuevo texto cuenta ahora, en palabras del ministro, «con mayor calidad jurídica», es «profundamente garantista» y tiene «perfecto encaje» en la Constitución… (ver)
Pues para tener el beneplácito de todos sólo ha salido en el Parlamento con el apoyo de su partido y el voto en contrario de TODA la oposición… Calidad jurídica no me voy a meter, pero democrática POCA!!!
A partir de ahora estas son algunas de las cosas que nos pueden pasar por salir a protestar en la calle cuando privatizan servicios públicos, no reponen empleados públicos, aumenta la tasa del paro (que así suena más aséptico pero quiere decir gente que no tiene trabajo), muere gente en los hospitales, cierran plantas en estos, aprueban leyes y decretos regresivos,…
- Las concentraciones frente al Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas son consideradas como infracción leve si no han sido comunicadas (antes era grave, ahora leve salvo que te portes mal…)
- Entre los aspectos más polémicos de la futura ley, el de las manifestaciones, el ministro ha defendido que no modifica la actual regulación y «sólo pretende sancionar las acciones violentas, agresivas o coactivas» y, además multa, la perturbación del desarrollo de una manifestación. Falta leve para quien provoque «alternaciones menores» en una manifestación (definición de alteraciones menores? porque abundan aquí las indefiniciones) y que por cierto seguirá pesando ahora sobre sus espaldas un año más.
- La Policía podrá retener en comisaría a ciudadanos sospechosos de haber participado en alguna actividad delictiva, para su identificación y ser obligados a permanecer allí durante un máximo de seis horas, sin derecho a abogado (tiene tufillo de las retenciones ilegales y sino que le pregunten a la Espe).
- Extralimitación de funciones respecto al desvío hacia el Gobierno de competencias propias de la Justicia, ya que la validación de diligencias de registro e identificación practicadas por agentes policiales gozarán de «presunción de veracidad». Pero si hay delito esas actuaciones policiales no deberían formar parte de un procedimiento penal? y en el ámbito penal, no existe la presunción de veracidad de esos agentes. Hasta ahora diferentes sentencias afirmaban que la «declaración de los agentes de la autoridad no goza de presunción de veracidad, sino que su testimonio ha de calibrarse bajo el crisol con que se examina el testimonio de cualquier testigo». Se trata de un claro ejemplo de cómo el Ministerio de Interior quiere apropiarse de facultades que corresponden al poder judicial (ver).
Fernández Díaz ha defendido que el proyecto de ley, que sustituye a la denominada ‘Ley Corcuera’ de 1992, es «profundamente garantista» y tiene «pleno encaje» en la Constitución. Pues ole! y a brindar por «el aguante».
